Portugal da la puntilla al tren de alta velocidad (AVE) Madrid-Lisboa. El país vecino abandona el proyecto definitivamente. Un dictamen de su Tribunal de Cuentas, que tumba el contrato de adjudicación del tramo Caya-Poceirao, ha servido al Gobierno portugués para anunciar la decisión, aunque ya estaba la infraestructura suspendida desde el pasado verano.
España se queda sola ante el ‘peligro’ y ahora le toca mover ficha a Mariano Rajoy, teniendo que aclarar qué va a hacer con el trazado en suelo extremeño o manchego y, sobretodo, decirnos cual será su rentabilidad.
Había que decir que las turbulencias que atraviesan la economía portuguesa había convertido el AVE Madrid-Lisboa en un espejismo, un proyecto casi utópico condenado a ocupar un puesto en el catálogo de gastos prescindibles entre la maraña de recortes que ha emprendido el Gobierno luso. El dictamen del Tribunal de Cuentas (TC) del país vecino, conocido ayer, certifica lo que parecía inevitable: el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho abandonará definitivamente las obras del tren de alta velocidad, después de que dicho organismo detectara ilegalidades en la adjudicación de uno de los contratos (el del tramo Poceirão-Caia) al consorcio Elos, en el que figuraban la española Dragados, filial de ACS, y Brisa, grupo en el que participaba Abertis.
La conexión, que prometía unir las dos capitales en menos de tres horas, queda «sine die» en suspenso, pese a que los trabajos ya se habían iniciado también en terreno portugués. Incluso, en la cumbre de Figueira da Foz en 2004, cuando ambos países formalizaron su compromiso, se le asignó una fecha de puesta en marcha: el primer trimestre de 2011.
FIN DE LA POLÉMICA
La decisión del TC enterraba, por tanto, un largo proceso que no ha estado exento de tensión política —la predecesora de Passos Coelho al frente del conservador PSD, Manuela Ferreira, se opuso a la infraestructura con el lema de que Portugal no era «una provincia española»— e incertidumbre entre las empresas encargadas de realizar las obras. El Ministerio de Economía y Obras Públicas luso subrayó que la resolución «encierra la polémica en torno al proyecto, que será así definitivamente abandonado».
En un comunicado, el Gobierno añadió que se dispone a analizar los pormenores de la decisión del Tribunal y sus consecuencias jurídicas, en defensa del interés público. El tramo cuya ejecución ha sido cancelada discurre entre las afueras de Lisoba y Caia, en la frontera con Badajoz. Un recorrido de 150 kilómetros de longitud valorado en más de 1.400 millones de euros.
Una de las constructoras implicadas, Soares da Costa, ya ha anunciado que va a recurrir el fallo y exigirá compensaciones por los 246 millones de euros que ya ha desembolsado. El TC, que empezó a analizar el contrato hace casi dos años, alegó incumplimientos por falta de información del marco presupuestario y violación de la normativa financiera.
SIN NOVEDADES EN ESPAÑA
Poco después de conocer la noticia, la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ayer se encontraba en Bruselas, en el Consejo de Transportes de la Unión Europea, lanzó un mensaje de calma. El dictamen del Tribunal de Cuentas no supondrá la alteración de los planes desarrollo del tramo previsto para la parte española (Madrid-Extremadura y AVE a Galicia).
Al término del encuentro, la responsable de la cartera ministerial conversó brevemente con el ministro portugués, Álvaro Santos Pereira, quien le garantizó que las obras que se acometan, en todo caso, respetarán el ancho de vía europeo. «Tenemos previsto mantener una reunión también con el Gobierno de Francia en los próximos días para ver en qué situación se quedaría el AVE Madrid-Lisboa, porque es una decisión que corresponde a la soberanía de un país, pero que lógicamente tiene que ver con los tres», explicó Pastor.
El comisario de Transportes europeo, Siim Kallas, descartó «conflictos» con Portugal y aseguró que el recorrido se mantendrá, pero con velocidades —y costes— inferiores.
ACS EXIGIRÁ UNA INDEMNIZACIÓN
Una de las compañías afectadas por la suspensión del AVE portugués ha sido la española ACS, que a través de su filial Dragados figuraba en el consorcio (Elos) que se disponía a construir el tramo Poceirão y Caia. Fuentes empresariales aseguraron que están examinando la posibilidad de recurrir la decisión del Gobierno portugués y que exigirán compensaciones económicas por los gastos y la inversión ya ejecutados.
El proyecto incluía la construcción de la estación de Évora y la gestión y explotación de la infraestructura durante un periodo de cuarenta años.
Hace un año el consorcio participado por FCC y la compañía italiana Impregilo reclamó a Portugal una indemnización por la suspensión de la construcción de un tramo del AVE que había adjudicado previamente. El tren de alta velocidad Madrid-Lisboa nació como la mayor obra del país vecino, ya que suponía una inversión total de 7.000 millones de euros.
Vía | ABC